La legislación de contratos regula el procedimiento que deben seguir las entidades integradas en el sector público para la realización de obras, la adquisición de bienes, la contratación de servicios y demás prestaciones que deban satisfacer de manera onerosa.

La contratación pública debe garantizar el cumplimiento de los principios de libertad de acceso a las licitaciones, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores y publicidad y transparencia de los procedimientos. Asimismo, la contratación del sector público debe asegurar una eficiente y sostenible utilización de los fondos públicos, mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa para las entidades públicas.

Estos son los principios generales que guían la contratación de las entidades públicas administrativas; por otra parte, esta materia resulta compleja y en permanente evolución legislativa tanto en el ámbito nacional como en el europeo. Por ello, que deben tenerse siempre actualizados para garantizarse una adecuada gestión y/o auditoría de los gastos presupuestarios en materia de contratación.